Un saludable límite para los medios de comunicación
Data Chaco. El Gobierno del Chaco reglamentó la Ley 6082, que prohíbe al sector público provincial pautar avisos oficiales con empresas periodísticas cuyos propietarios incumplan con las leyes laborales. Se anticipa así un nuevo escenario en la relación de los medios de comunicación con el Estado, que, desde mediados de los 90, con el gobierno de Ángel Rozas, se define como un gran negociado.
La reglamentación de la ley llega justo en medio del conflicto que estalló en el diario La Voz del Chaco, el hermano gemelo del correntino El Libertador, propiedad del inefable dirigente peronista Rodolfo Martínez Llano, donde se cometen todo tipo de atropellos laborales.
En el artículo 1°, la ley establece que el Estado “no podrá realizar publicaciones de ninguna índole (…) en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que no hayan cumplido previamente las disposiciones legales laborales, la de jubilaciones y pensiones, y toda la legislación social que ampara los derechos del trabajador (…) comprendido en la Ley 12908 (Estatuto del Periodista Profesional) y en la Ley 12921 (Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas)”.
Rozas, en su apogeo político, destinó millones de dólares a mantener un aparato propagandístico financiado por el Estado a través de la pauta publicitaria oficial. Según la Fundación Nelson Mandela, el rozismo gastó 500 millones de dólares en seis años en concepto de publicidad, cifra que se repartió entre las empresas periodísticas, incluso aquellas con empleados en negro y otras que aún hoy trabajan casi en la clandestinidad, como ocurre con una productora de noticias que funciona bajo el “amparo diplomático” de una placa que dice “Cónsul Honorario de Brasil”, para eludir a la Justicia por los numerosos juicios que le iniciaron ex empleados (*).
Paradójicamente en aquellos tiempos de dispendio a favor del empresariado mediático, uno de los diarios de Resistencia, El Diario, quebró y dejó en la calle a un centenar de empleados que durante años fueron víctimas del uso de la legislación laboral como papel higiénico por parte del propietario de ese medio.
En Corrientes, las cosas no fueron muy distintas. Quizá ya pocos recuerden a la Agencia Corrientes, la cúspide de un entramado a todas luces ilícito que propició el gobierno de Arturo Colombi (2005-2009) con la publicidad oficial. Su final fue trágico y precipitado: el joven empresario Hernán González Moreno, cara visible de la paraestatal agencia de noticias, apareció muerto de un tiro en una estancia cerca de Goya, a 48 horas de la segunda vuelta electoral en la que finalmente Arturo perdió con su primo Ricardo, el 4 de octubre de 2009, en un episodio de corte mafioso que aún investiga la Justicia.
El último tramo de la gestión arturista será recordado por el escandaloso despilfarro de dinero a favor de medios de comunicación y periodistas que oficiaron en esos tiempos como verdaderos voceros oficiales. Según publicaron algunos sitios en Internet, los pagos por publicidad oficial alcanzaron en agosto de 2009 a unos 21 millones de pesos. La radio AM más importante de la provincia, LT 7 Radio Corrientes, recibió casi 2 millones de pesos y la productora Mega 24, conocida en Corrientes por sus productos periodísticos de baja calidad, casi 1,5 millones.
Esas abultadas transferencias se hacían a través de la Agencia Corrientes, que comenzó a funcionar en 2007, en medio de sospechas en cuanto a la licitud de sus actividades, aunque bastaba con saber que González Moreno era un estrecho colaborador de Martínez Llano.
En el Chaco, con la reglamentación de la Ley 6082, que, entre otros puntos, obliga al Poder Ejecutivo a suspender el servicio de publicidad ante la detección de algún incumplimiento respecto de la legislación laboral en los medios inscriptos como proveedores del Estado, se abriga la esperanza de que los trabajadores de prensa dejen de ser considerados por parte de la patronal como mano de obra barata y poco calificada.
(*) Zona Libre, Sindicato de Prensa de la Provincia del Chaco.
La reglamentación de la ley llega justo en medio del conflicto que estalló en el diario La Voz del Chaco, el hermano gemelo del correntino El Libertador, propiedad del inefable dirigente peronista Rodolfo Martínez Llano, donde se cometen todo tipo de atropellos laborales.
En el artículo 1°, la ley establece que el Estado “no podrá realizar publicaciones de ninguna índole (…) en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que no hayan cumplido previamente las disposiciones legales laborales, la de jubilaciones y pensiones, y toda la legislación social que ampara los derechos del trabajador (…) comprendido en la Ley 12908 (Estatuto del Periodista Profesional) y en la Ley 12921 (Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas)”.
Rozas, en su apogeo político, destinó millones de dólares a mantener un aparato propagandístico financiado por el Estado a través de la pauta publicitaria oficial. Según la Fundación Nelson Mandela, el rozismo gastó 500 millones de dólares en seis años en concepto de publicidad, cifra que se repartió entre las empresas periodísticas, incluso aquellas con empleados en negro y otras que aún hoy trabajan casi en la clandestinidad, como ocurre con una productora de noticias que funciona bajo el “amparo diplomático” de una placa que dice “Cónsul Honorario de Brasil”, para eludir a la Justicia por los numerosos juicios que le iniciaron ex empleados (*).
Paradójicamente en aquellos tiempos de dispendio a favor del empresariado mediático, uno de los diarios de Resistencia, El Diario, quebró y dejó en la calle a un centenar de empleados que durante años fueron víctimas del uso de la legislación laboral como papel higiénico por parte del propietario de ese medio.
En Corrientes, las cosas no fueron muy distintas. Quizá ya pocos recuerden a la Agencia Corrientes, la cúspide de un entramado a todas luces ilícito que propició el gobierno de Arturo Colombi (2005-2009) con la publicidad oficial. Su final fue trágico y precipitado: el joven empresario Hernán González Moreno, cara visible de la paraestatal agencia de noticias, apareció muerto de un tiro en una estancia cerca de Goya, a 48 horas de la segunda vuelta electoral en la que finalmente Arturo perdió con su primo Ricardo, el 4 de octubre de 2009, en un episodio de corte mafioso que aún investiga la Justicia.
El último tramo de la gestión arturista será recordado por el escandaloso despilfarro de dinero a favor de medios de comunicación y periodistas que oficiaron en esos tiempos como verdaderos voceros oficiales. Según publicaron algunos sitios en Internet, los pagos por publicidad oficial alcanzaron en agosto de 2009 a unos 21 millones de pesos. La radio AM más importante de la provincia, LT 7 Radio Corrientes, recibió casi 2 millones de pesos y la productora Mega 24, conocida en Corrientes por sus productos periodísticos de baja calidad, casi 1,5 millones.
Esas abultadas transferencias se hacían a través de la Agencia Corrientes, que comenzó a funcionar en 2007, en medio de sospechas en cuanto a la licitud de sus actividades, aunque bastaba con saber que González Moreno era un estrecho colaborador de Martínez Llano.
En el Chaco, con la reglamentación de la Ley 6082, que, entre otros puntos, obliga al Poder Ejecutivo a suspender el servicio de publicidad ante la detección de algún incumplimiento respecto de la legislación laboral en los medios inscriptos como proveedores del Estado, se abriga la esperanza de que los trabajadores de prensa dejen de ser considerados por parte de la patronal como mano de obra barata y poco calificada.
(*) Zona Libre, Sindicato de Prensa de la Provincia del Chaco.
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